«Mis hijos no son mercancía; basta de destruir familias con la justicia». Estas son las palabras contundentes de Antonio Luna Guerra, conocido como «El Profe», quien se encuentra privado injustamente de su libertad y ha denunciado públicamente una red de corrupción que involucra a jueces, fiscales y abogados del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Antonio acusa directamente a figuras del sistema judicial de actuar en complicidad con su expareja, Adriana María Eugenia Chamosa Ruiz, para violar sistemáticamente sus derechos y los de sus dos hijos, a quienes cariñosamente llama «Los Ñoños». Denuncia que su encarcelamiento se basa exclusivamente en el testimonio no comprobado de Adriana, sin pruebas contundentes, en lo que califica como «abuso de la perspectiva de género».
Esta grave acusación pone de relieve una problemática latente en varios casos mediáticos en México, donde testimonios sin pruebas sólidas pueden llevar a procesos penales cuestionables. Según Antonio, sus hijos, de tan solo 9 y 5 años, han sido víctimas colaterales en este caso, sometidos a exámenes invasivos e innecesarios utilizados como herramientas para extorsionarlo económicamente.
«El Profe» no titubea al señalar a los implicados: abogadas como Claudia Elena De Buen Unna y Aide González Torres, y jueces del Tribunal Superior de Justicia capitalino, entre ellos Juana Erika Ordóñez Salazar, quien decretó la pérdida de su patria potestad sin pruebas concluyentes, así como Ismael Alcántara Vázquez, Edgar Agustín Rodríguez Beiza y Juventino González Ocote, acusados de actuar bajo intereses personales.
Las cifras detrás de esta presunta corrupción resultan impactantes: 900 mil pesos por carpeta de violencia familiar, 1.5 millones por carpeta de abuso sexual, y una pensión alimenticia mensual fijada arbitrariamente en 200 mil pesos, acumulando una cantidad proyectada de 7.2 millones de pesos.
En respuesta a estas injusticias, Antonio exige cuatro acciones concretas: su inmediata libertad por falta de pruebas en su contra, una investigación exhaustiva contra los jueces y fiscales involucrados, protección para sus hijos y transparencia total en el manejo judicial de su caso.
Documentos oficiales del juicio oral familiar confirman las circunstancias controvertidas en que se decretó la pérdida de la patria potestad, con cuestionamientos importantes sobre la valoración de pruebas, lo que respalda la denuncia pública de Antonio.
El caso de «El Profe» se suma a la creciente lista de demandas de transparencia y combate a la corrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México, reflejando una exigencia ciudadana clara y urgente: justicia verdadera, no justicia simulada.
+ There are no comments
Add yours